PROPUESTA CIUDADANA PONE CONTRA LA PARED A PARTIDOS POLÍTICOS: exigen votos, pero no protegen a quienes los consiguen.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En México, la democracia se construye en territorio, pero se abandona en los momentos más críticos. Detrás de cada campaña, cada gestión y cada estructura política, hay miles de personas que recorren calles, organizan comunidades y sostienen la participación ciudadana. Sin embargo, cuando algo les ocurre, enfrentan una realidad que comienza a nombrarse con claridad: la orfandad institucional.
Se trata de una falla sistémica profundamente normalizada dentro de la vida pública del país. Brigadistas, promotores, autoridades auxiliares y voluntarios operan sin salario en muchos casos, sin seguro médico y sin ningún tipo de respaldo ante accidentes. Si caen, si se accidentan o si enfrentan un riesgo en campo, simplemente quedan solos.
Esta omisión no es menor. Es una grieta dentro de la ingeniería democrática de México.
Mientras los partidos políticos reciben financiamiento público y diseñan estrategias territoriales como si se tratara de un preciso juego de ajedrez, existe una pieza fundamental que ha sido ignorada: la protección de quienes ejecutan ese trabajo en tierra. Son la base invisible del sistema. Son quienes hacen posible la llamada democracia invisible, esa que no aparece en los discursos, pero que sostiene toda la estructura.
Hoy, esa contradicción ya no solo incomoda: expone.
Desde Tlalnepantla de Baz, el ciudadano René Talavera Gómez, a través de URPA A.C., ha impulsado un proyecto inspirador que no solo señala el problema, sino que ofrece una solución inmediata, viable y políticamente ineludible: el Seguro de Riesgos Territoriales para Actores de la Participación Democrática.
Aquí es donde el debate cambia por completo.
Porque a diferencia de muchas propuestas, esta sí tiene viabilidad financiera y rompe uno de los principales argumentos de inacción institucional:
no requiere un solo peso adicional del erario público.
El modelo plantea la reorientación de recursos ya existentes dentro de partidos políticos, municipios y organizaciones civiles para generar esquemas de aseguramiento colectivo.
En otras palabras:
el dinero ya existe.
Lo que está en juego no es presupuesto, es voluntad.
Además, el planteamiento rompe una barrera fundamental en el debate público:
no importa si quienes participan en territorio son de izquierda, derecha o centro; no se trata de colores, se trata de vidas.
Este enfoque coloca el tema en un terreno donde la política deja de ser disputa y se convierte en responsabilidad compartida.
El proyecto ya fue presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo ficha técnica, sustento operativo y ruta de implementación.
La respuesta hasta ahora: silencio.
Y ese silencio, en el contexto actual, se vuelve cada vez más costoso.
Porque el calendario avanza.
Porque en 2027 habrá elecciones intermedias.
Y porque miles de personas volverán a salir a territorio bajo las mismas condiciones de vulnerabilidad.
Hoy, la discusión ya no es técnica. Es política.
¿Qué están esperando los partidos políticos y los legisladores para actuar, si la solución ya está sobre la mesa y no cuesta dinero público?
La pregunta no solo interpela, también define.
Porque de concretarse, esta iniciativa no solo corregiría una falla estructural en México, sino que podría convertirse en un referente para América Latina, marcando un antes y un después en la forma en que se protege a quienes hacen posible la vida democrática.
Más aún, posiciona a la ciudadanía organizada como un actor capaz de diseñar soluciones reales, sostenibles y replicables, elevando el nivel del debate público.
Hoy, la propuesta existe.
Está presentada.
Es viable.
Y no tiene costo para el Estado.
Lo único que falta es decisión.
Porque en política, como en todo sistema,
la orfandad institucional no se administra se corrige.