TOLUCA, México.- “No esperar a que exista un litigio para intervenir, sino trabajar de manera preventiva con las autoridades municipales para disminuir las causas que originan demandas contra los gobiernos locales”, es el objetivo de la estrategia impulsada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) a través de la Primera Mesa de Trabajo con autoridades de municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

La iniciativa, promovida por la Magistratura de Jurisdicción Consultiva encabezada por la magistrada América Elizabeth Trejo de la Luz, busca fortalecer la actuación legal de los ayuntamientos para evitar que errores administrativos, fiscales o de procedimiento deriven en juicios promovidos por la ciudadanía, privilegiando la prevención y el apego a la legalidad.

La mesa de trabajo fue encabezada por el magistrado presidente del TRIJAEM, Luis Eduardo Gómez García, acompañado por el vicepresidente Víctor Alfonso Chávez López, así como por la magistrada Ana Laura Martínez Moreno y el magistrado Eduardo Salgado Pedraza. Durante la jornada se abordaron temas relacionados con las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas, la correcta aplicación de los ordenamientos jurídicos y los procedimientos que con mayor frecuencia generan inconformidades ciudadanas.

Como parte del encuentro, representantes de diversos municipios expusieron problemáticas derivadas de contradicciones y vacíos entre la legislación estatal y los reglamentos municipales. Ante ello, se acordó dar continuidad a estas mesas de trabajo para elaborar una propuesta técnica que será presentada a la Legislatura del Estado de México con el propósito de armonizar el marco jurídico y brindar mayor certeza a autoridades y ciudadanía.

En esta primera reunión participaron representantes de Almoloya del Río, Aculco, Jocotitlán, Jiquipilco, Chapultepec, Tlatlaya, Toluca, San Felipe del Progreso, Calimaya, Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Santa Cruz Atizapán, fortaleciendo el trabajo coordinado para prevenir conflictos administrativos y mejorar la gestión pública municipal.